HACIA EL FRENTE CONTRA LA IMPUNIDAD

A LA OPINION PUBLICA

Nosotros, familiares y víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989, acompañados de familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos ejecutados en los años 70, 80 y 90, promotores sociales, comunitarios y culturales y activistas de derechos humanos de larga data, acudimos a las instalaciones de la Fiscalía General de la República a los fines de fijar posición en relación al proceso de esclarecimiento de los sucesos de febrero y marzo de 1989, conocidos como “EL CARACAZO” o simplemente 27-F, reiniciado por el Ministerio Público.

Apoyamos la iniciativa de exhumar las víctimas que se encuentran en los nichos ubicados en el sector La Peste del Cementerio General del Sur, trasladados allí, una vez que en 1990 fueran sacados de las fosas comunes situadas en el mismo sector, esto para su identificación y posterior entrega a los familiares, a los fines de que reciban sepultura según su creencia o fe religiosa.

Con esta iniciativa, se evidencia la voluntad por parte del Estado Venezolano de saldar esta deuda que viene arrastrando desde hace 19 años, cuando inexplicablemente fue paralizado el proceso. Confiamos en que se está avanzando en el hacer justicia. Justicia que solo veremos una vez que sean aplicadas las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico a los responsables tanto materiales, como intelectuales de tantas muertes, cuyo número difícilmente sabremos a ciencia cierta.

Quienes estuvimos acompañando el proceso de exhumación en 1990 y 91, integrantes de para entonces nacientes organizaciones de derechos humanos y de organizaciones populares, al igual que comunidades cristianas de base, por ser testigos de excepción, desmentimos la versión de que expertos internacionales, provenientes de Argentina y Estados Unidos realizaran algún tipo de trabajo en ese proceso, más allá de ser simples observadores y opinar extraoficialmente en la labor inicial de la ubicación y apertura de la primera fosa común.

Con la petición por parte de quienes dirigen COFAVIC, de que sean expertos internacionales quienes realicen esta misión, alegando desconfianza en los técnicos venezolanos, simplemente quieren manipular este proceso para desprestigiar a quienes están participando en este trabajo especializado, pero sobre todo, para trasladar responsabilidades al actual gobierno, pues es lo que observamos cuando la directora ejecutiva de dicha organización participa sobre el caso en los programas de opinión de medios privados de comunicación que mantienen una línea sesgada.

Esta supuesta desconfianza se cae por sí sola cuando vemos los resultados de las experticias hechas en el caso de la masacre de Yumare, que después de más 2 décadas, los expertos del CICPC lograron no solo la identificación, sino también determinar de qué forma fueron masacrados los 9 camaradas que perdieron la vida en estos hechos, tumbando así la versión oficial de aquel momento que había sido totalmente manipulada desde sus inicios.

Apoyamos la iniciativa del Ministerio Público de extender la acción penal a más allá de los responsables de las muertes producidas en estos sucesos de Febrero y Marzo de 1989, donde ya hay imputados como es del conocimiento público, y que se accione contra quienes tienen responsabilidad en el tratamiento de las víctimas en hospitales, Medicatura Forense y Cementerio General del Sur, querella a la que queremos adherirnos y que consideramos debe extenderse a los responsables en cada uno de los Estados del país donde hubo un tratamiento de estas víctimas al margen de la ley, sin cumplir con los protocolos básicos para una inhumación, en el caso de los fallecidos, y en donde se permitió la muerte de muchos de los heridos no haciéndose los registros respectivos o simplemente desapareciéndose las historias clínicas.

Con el avance de los casos de Yumare y de los sucesos de Febrero y Marzo de 1989, se abre una ventana hacia la búsqueda de justicia, despertando poco a poco la confianza que tanto familiares como quienes hemos activado por la restitución y el respeto de derechos fundamentales de nuestro pueblo habíamos perdido.

Esto nos anima a juntarnos, defensores de derechos humanos, cultores populares, comunicadores alternativos y comunitarios en un gran FRENTE CONTRA LA IMPUNIDAD que, utilizando nuestras cualidades, nuestras habilidades, nuestros talentos, nos proponemos rescatar la memoria histórica de tantos hechos que han atentado contra la dignidad de nuestro pueblo y así poner nuestro granito de arena para contribuir, en primer lugar, a que responsables de hechos tan dantescos como los del Caracazo, Yumare, Cantaura, El Amparo, La Victoria, el caso Millán Guerra o el Caso Gamboa, entre otros tantos, respondan ante la justicia, y también contribuir a que en Venezuela no haya un muerto más en estas viles circunstancias, que no haya un torturado más, que no haya un desaparecido más, porque la paz solo es fruto de la justicia.

Pero también nos proponemos trabajar duramente contra la mentira que a diario seudo dirigentes políticos y opinadotes de oficio, con el apoyo de canales de televisión, emisoras de radio y periódicos comerciales van sembrando irresponsablemente en nuestro país y en el mundo con un único fin, rescatar y preservar privilegios que durante años han mantenido a costa de pisotear la dignidad del pueblo venezolano.

Hoy queremos poner de manifiesto nuestro interés de trabajar mano a mano para avanzar en la búsqueda de justicia, y que las futuras generaciones tengan este referente que permita sostener la memoria histórica de nuestra patria. Que la memoria de todos los caídos nos fortalezca en ese gran trabajo por lograr que Venezuela avance hacia la soberanía plena que en este proceso revolucionario, a pesar de la acción de los detractores y saboteadores, entre todos estamos intentando construir y fortalecer.

Documento firmado por voceros de:

- 27-F (los no afiliados a COFAVIC)

- Masacre de Yumare.

- Masacre de Cantaura.

- Masacre de La Victoria.

- Caso Millan Guerra

- Caso Gamboa

- Caso Pasquier.

- Masacre del liceo Sanz de Maturin.

HACIA EL FRENTE CONTRA LA IMPUNIDAD
por ellos y por los muchos que no están en lista en ninguna parte.

Con mentiras pretenden ocultar los avances de la LOE

Por: José Ramón Rivero
La diatriba política existente en Venezuela es el producto del debate franco, diáfano y frontal que ha promovido el Estado desde hace 10 años, frente a una oposición acéfala, tanto en sus aspiraciones como en sus proyecciones. Esta oposición sin educación se empeña en la promoción de un modelo “pitiyanquista” promotor de la deformación social.Con la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE), se revisten de figura jurídica algunas acciones que desde hace una década el Estado venezolano ha venido desempeñando en materia educativa, dando abiertamente al traste con los desórdenes de todo tipo impuestos por un modelo educativo mercantilista, excluyente y al servicio de las élites de poder.Hasta ahora, Venezuela ha experimentado una brecha abismal en materia social, en donde el hecho educativo marca un determinante precedente por las características significativas que lo demarcan. La privatización de la educación, arropada por un desastre económico en Venezuela, la caída abrupta de las reservas internacionales y las cuantiosas deudas adquiridas por la nación, relegaron el hecho educativo a un vergonzoso plano.

Hoy ese viejo modelo educativo ha sido superado tanto en sus pretensiones como en sus groseros privilegios. Esta metodología educativa data de hace 29 años, producto de la aplicación de políticas nefastas y de desastres financieros que incluso sólo reservaban el 3% del presupuesto para el sector educativo, trayendo exclusión y sectarismo hacia quienes tenían menos recursos financieros.Para garantizar los derechos del los niños, niñas y adolescentes, el Estado contempla el derecho a la educación por encima del pago de aranceles y otras medidas económicas y mercantilistas, expresadas en el artículo 6 de la LOE, donde se protege al educando de acciones coercivas.

Los estudiantes no pueden ser vejados por no cancelar a tiempo las mensualidades, ni ningún tipo de retaliaciones que hasta ahora estaban por encima de del derecho a la educación.

Estas medidas, perfectamente responden a un modelo educativo direccionado al desarrollo integral del educando, incluso para quienes poseen alguna discapacidad motora, en lo que representa el nuevo esquema para la inclusión social, para barrer el viejo esquema que condenada a estos sectores a la ignorancia.La LOE representa el nuevo y moderno paradigma que garantiza el libre acceso a la educación, partiendo de la premisa de una educación única y pública..

Reflexionemos.

La oposición con el adelanto de las manifestaciones viscerales sólo deja al descubierto que no les importa la educación ni nada que beneficie al pueblo.El nacimiento de la LOE refuerza la aplicabilidad de las políticas progresistas, que nadie ha defendido como nosotros, incluso recibiendo plomo grueso, peinillazos, lacrimógenas y chorros de agua a presión. Ninguno en la oposición ha peleado tanto por la autonomía universitaria como lo hemos hecho nosotros.

jose.ramon.rivero@gmail.com